Los operadores tienen litigios abiertos de forma constante con las administraciones, pero en este caso la cantidad es de 55 millones de euros.
La batalla que enfrenta a Orange con la Agencia Tributaria después de que esta le exiga el pago de 55 millones de euros en concepto de Impuesto de Actividades Económicas, no para de crecer. Todo por las antenas de telefonía que Orange tiene en España y el operador ha recurrido al no estar de acuerdo con la contabilización. Esta es una de tantas disputas legales que mantienen los operadores con ayutamientos y sus impuestos locales, pero en este caso a nivel nacional.
Fue en 2017 cuando Orange recibió la notificación de la Agencia Tributaria por un ajuste de 55 millones de euros, correspondiente a los ejercicios de 2013 a 2015. La compañía entiende que existe un desacuerdo en torno a la catalogación de antenas, cuyo número es tomado teniendo en cuenta para calcular la base del impuesto. «Consideramos que tenemos argumentos fuertes para justificar el cálculo», explican desde la compañía.
La ley aprobada por el Gobierno de Aznar en 2002, modificó la regulación de las Haciendas Locales, con la eliminación del IAE para empresarios individuales y se compensó con una nueva tarifa especial a las empresas de telefonía en función de sus clientes y antenas. Esta normativa entró en vigor el 1 de enero de 2003 y ha supuesto muchos quebraderos de cabeza a los operadores.
Orange tiene en la actualidad 21 millones de euros como provisión ante la pérdida de posibles litigios, pero esta cantidad ha bajado si tenemos en cuenta que el 2016 contaba con 34 millones para este mismo concepto. Cuanto más se alargue una batalla más a favor juega del propio operador.
