Los propios operadores lucharon hasta conseguir retener el número de teléfono de aquellos clientes con impagos, impidiendo su portabilidad.
Durante el estado de alarma las compañías no podían cortar el suministro a los consumidores por impagos y a su vez tenían que aplazar el pago de estas deudas a los clientes. Una medida que pretendía proteger al consumidor más vulnerable y que una vez conocida, disparó la solicitud de aplazamiento de pagos por parte de los clientes.
Esta medida empezó a asfixiar las cuentas de los pequeños operadores que no pueden disponer de un alto volumen de dinero en caja. De igual forma los grandes operadores también vieron resentidas sus cuenta y acordaron no aceptar clientes de otras compañías hasta que los pagos estuviesen completados, como medida de defensa. Una propuesta que tenía que ser aprobada y escalaron al Gobierno, reflejandose en el Real Decreto 19/2020.
La situación actual deja muchos clientes con dificultades para realizar los pagos, pequeños operadores que no pueden hacer frente a sus facturas mayoristas si no cobran un porcentaje mínimo de facturas de sus clientes y grandes operadores que ante una normativa en defensa del consumidor, han buscado una forma de autodefenderse apropiándose del número del teléfono del cliente hasta que el mismo no pague todos los importes pendientes.
